Algunos segmentos de actividad que abarca la economía colaborativa (EC) están afrontando en España dificultades para consolidar sus servicios en esta jurisdicción, lo que podría implicar potenciales riesgos como una posible prohibición o la aprobación de regulaciones rígidas y restrictivas que los lleve directamente a la inviabilidad. El surgimiento de estos conflictos no parece estar planteándose por el momento desde una lógica de encaje normativo e interés público sino más bien como consecuencia de las exigencias de sectores concretos que ven un impacto negativo en sus cuotas de mercado.
Junto a lo anterior, debido a la innovación tecnológica y de consumo que implican las diversas actividades P2P de la EC, concurren retos jurídicos concretos que deben ser evaluados por parte de las empresas, usuarios y, sin duda, por los poderes públicos para poder dinamizar e incorporar este movimiento a nuestro entorno. De dichos retos o problemas dan cuenta dos artículos publicados en sitios Web anglosajones como el Boston Law Journal y Lexology, mostrando ambos textos que los aspectos legales por clarificar son concurrentes en jurisdicciones varias como la española.
Como en otras actividades económicas, las cuestiones normativas son múltiples, seguidamente hago un breve resumen de 6 de estas:
Asimismo, en segundo lugar, la normativa de consumidores se complementa con la reputación, es decir, los requerimientos y garantías en materia de consumidores son completados por la reputación que el peer obtiene en las plataformas donde opera, la que funciona como garante de la calidad del servicio, es decir, si el usuario opera con malas prácticas sale del sistema, lo que representa la mayor sanción posible en un entorno de confianza.
Ante las voces que alegan la falta de garantías de los servicios P2P habría que valorar por qué estos servicios están mostrando una cada vez mayor demanda y un crecimiento continuado.
Recientemente la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado unas interesantes recomendaciones sobre el consumo de bienes y servicios a través de plataformas de la EC, en estas se plantea la necesidad de favorecer el desarrollo de estos modelos de actividad garantizando a su vez los derechos de los consumidores. Destacable es que se subraye la necesidad de buscar vías de coexistencia entre modelos de consumo clásicos y colaborativos.
A nivel fiscal encontramos dos niveles en este movimiento; las empresas que actúan como plataformas sometidas a la fiscalidad que sea de aplicación a cualquier compañía en base al impuesto de sociedades y demás tributos aplicables y; en un segundo nivel, la fiscalidad aplicable a la actividad realizada por los usuarios. Esta última es una cuestión clave ya que son los usuarios quienes, dependiendo del tipo y volumen de actividad que realizan deberán tributar por IVA, IRPF, tasas aplicables e, incluso, impuesto de sociedades. En ocasiones se apunta a las empresas como responsables del incumplimiento de este segundo nivel relacionado con los peers y su actividad, algo erróneo si consideramos que las plataformas operan como intermediarios que instrumentalizan la puesta en contacto de personas para que puedan realizar transacciones, por lo que no pueden, ni deben, ser responsables del cumplimiento de obligaciones de esas personas que las utilizan.
A pesar que en ocasiones son los propios usuarios quienes omitan voluntariamente el deber de liquidar los impuestos, es manifiesta la rigidez y complejidad de la normativa tributaria en el ámbito de la micro-emprendeduría y del micro-empleo, figuras que por su definición acostumbran a concurrir con la actividad que realizan la mayor parte de los peers y que a nivel tributario no están bien desarrolladas.
Un ejemplo de esa complejidad y lejanía se puede plantear haciéndonos la pregunta, ¿un particular que alquila su vivienda habitual determinados días al año y que hace de guía turístico en las fiestas de la Mercè de Barcelona a través de Trip4real deberá pagar tasas turísticas de la ciudad, IVA, IAE, impuesto de sociedades…?
Esta es una cuestión que quizá en países como Estados Unidos, donde la legislación laboral es más flexible, no tenga las implicaciones que puede tener en países como en España, donde la figura del trabajador se ha venido encontrando con una mayor amparo y protección.
Por otro lado, nos encontramos con el cumplimiento de obligaciones en materia laboral y de seguridad social por parte del mismo peer como resultado de su actividad económica, por ejemplo, su obligación de darse de alta como autónomo ante la Seguridad Social en el momento que este genere determinados ingresos anuales.
Finalmente, desde un punto de vista teórico, es interesante valorar el concepto de privacidad en actividades de la EC, la reputación, la confianza y la calidad de estos servicios, se fundamentan mayormente en mostrar y verificar que eres quien dices ser, habiéndose convertido este elemento en una piedra angular para el éxito de la EC. Esa necesaria verificación podría potencialmente chocar con la privacidad de los usuarios, al ser sus perfiles y la información que contienen en forma de datos personales y opiniones de terceros, una información que en ocasiones es necesario que sea pública para que el sistema funcione de la forma más eficiente, garantista y dinámica.
Sin embargo, el intermediario puede llegar a tener una posición de más responsabilidad por la actividad que realiza al incurrir en un mayor grado de control de la actividad de sus peers. Ello se puede traducir en consecuencia en una mayor asunción de responsabilidades en caso de que surjan problemas. Este aspecto relativo a la responsabilidad sin duda no es blanco y negro y requiere un análisis pormenorizado caso por caso. Es interesante la lectura de los términos y condiciones de las plataformas P2P para conocer cuál es su posición al respecto.
Estos son algunos de los retos normativos más destacables vinculados a este movimiento, sin duda cada uno da para un análisis pormenorizado. Existen más aspectos legales, por ejemplo, aquellos relacionados con los pagos, casos de discriminación entre usuarios, seguros, régimen de propiedad de los bienes… invito a que los apuntéis y los comentemos.
Avanzar en el mejor encaje de los retos jurídicos anteriores y la economía colaborativa es una de las mejores formas de que esta se consolide. La autorregulación y las garantías que genera la reputación de los usuarios son dos elementos que ayudarán a ese acercamiento.
Texto originalmente publicado por el mismo autor en el blog Leyes para la Economía Colaborativa
Imagen de portada de SteveC77 en Flickr con licencia CC BY SA
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Soy abogado y consultor en asuntos públicos, Master en Derecho de la Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías por Esade, implicado en buscar el mejor encaje en nuestro entorno de nuevas actividades del ámbito de la sociedad de la información. Formo parte de la comunidad OuiShare y ShareLex. Colaboro con Adigital/Jdigital.
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- Consumo Colaborativo & Economía Colaborativa - Blog Emprenbook
Gracias Miki por este artículo!
Genial artículo!
Para quienes no tenemos conocimientos de temas legales, estos temas se nos hace un poco densos, con conceptos complejos para mí. No obstante, está muy bien argumentado y explicado.
Sin duda es un tema muy importante para todos los que estamos dentro de la EC, que esperamos tenga una rápida solución. Cuanto más se demore la decisión, será peor para todos.
Gracias!
Gracias Borja! es cierto que los temas legales son un tanto específicos, tomo nota de tus comentarios, cuanto más accesible mejor difusión.
Hi there !, soy abogado, economista y escritor hispano-centroamericano (San Miguel), creo que el enfoque de este marco de legal ha de combatirse a través del Derecho Constitucional por el derecho natural económico que los seres humanos tenemos para ejercer nuestros deber esencial de vivir.
Moris, estoy de acuerdo contigo, la economía colaborativa debe ser abordada desde principios como el interés general, libertad de empresa… todos ellos previstos en el Derecho Constitucional. La normativa específica sobre transporte, arrendamientos,financiación…poco margen nos da actualmente.
El punto más complejo es el de la fiscalidad, en la pregunta que se plantea en el punto 2 parece implícita una respuesta afirmativa al hecho de que se podría ser condescendiente o comprensivo con pequeñas actividades económicas que no tributan o escapan al fisco… lo cual puede ser como abrir la Caja de Pandora y de paso justificar a cualquiera que intente no pagar impuestos. El consumo colaborativo hoy tiene un mercado potencial de 110.000 MM €, la mayoría sacado del mercado tradicional regulado y fiscalizado (has donde se puede). ¿Cuál sería el impacto de eliminar los impuestos de esa parte del pastel?, Desde luego no ayudaría a las políticas de gasto público que luego exigiremos como ciudadanos. ¿Cuántos días de alquiler justifican no pagar tasas, 10, 20… 365? ¿Quién lo fija? Y si el guía ocasional no paga impuestos… ¿Puede una empresa considerar sus facturas ocasionales igualmente? ¿Cómo se define la actividad ocasional para no pagar? Hay demasiadas dudas y riesgos evidentes en la fórmula.
Si al lamentable hecho de que las grandes empresas apenas pagan impuestos, de media un 10% mientras el IRPF máximo está en el entorno del 50%, le añadimos menos impuestos del consumo tradicional; los gobiernos se verán tentados a confiscar las nóminas de los ciudadanos y darles una asignación semanal para el súper o cartillas de racionamiento como en Cuba.
Completamente de acuerdo Miguel Ángel. Si es lo que no se puede, no se puede. La economía colaborativa es una estafa, los temas fiascales y laborales son sólo la punta dle iceberg. En todos los casos, siempre hay un intermediario, que nos precisamente una ONG o la Madre Teresa de Calculta, y muchas veces estos intermediarios tienen posición dominante en el mercado… por lo cuál son casi monopolios de factos y encima privados.